El negocio del juego puso en alerta a la política, a la industria del azar y al clero la semana que pasó. La dirigencia expuso la lógica de que más juego significaba más recursos para obras, salud y educación. Pero es sólo una parte de la verdad.
En la suma de dos distritos como Buenos Aires y la Capital se juegan unos 70.000 millones de pesos en el año. De ellos, los Estados se quedan con menos de $ 2200 millones. Es el 3,15 por ciento. Las empresas concesionarias obtienen casi cuatro veces más y el resto se divide entre gastos y premios.
Los municipios quedan más relegados todavía que las provincias, pues los dueños del juego son los Estados nacional y provinciales, según la legislación nacional.
La cuestión es que el reparto hacia el interior de cada provincia resulta ínfimo. En Buenos Aires, por ejemplo, se proyectan para 2009 unos 2000 millones de pesos de ingresos por el juego. Las municipalidades que tienen salas de apuestas se quedarán, en promedio, con un millón de pesos cada una.

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