Desde los diferentes bloques destacaron que esta decisión responde a una orden del oficialismo para evitar el tratamiento del proyecto presentado por el demócrata Alberto Sánchez, que estipula la suspensión por el término de 10 años de la aplicación de la ley 5775, y normas reglamentarias. Es precisamente esta ley la que autoriza la instalación de salas de juego en Mendoza.

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